Por Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo IIDH
La huella patológica de la violencia
Hay mucha razón para tratarlo en la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras porque, tanto en ese país como en otras naciones de América, la criminalidad deja su huella patológica de extrema peligrosidad, sobreponiéndose a cualquier iniciativa de control y prevención y relegándola. La frecuencia, cantidad y gravedad de los delitos reportados en los medios dan una idea del poder de las mafias y los grupos ilícitos enquistados en todos los niveles y ámbitos de la sociedad. Y, como si esto fuera poco, ahora hay condiciones externas que inducen a la criminalidad entre la juventud, como la fenomenología de la transculturización interregional de comportamientos delictivos.
El accionar del llamado “crimen organizado” y la depresión económica afectan patológicamente a las poblaciones más vulnerables y en riesgo social debido a la extrema pobreza. Esta profunda crisis en las relaciones económicas vigentes, terminó devorando valores y principios y ha tenido consecuencias fatales como el desmoronamiento del orden financiero internacional.
La criminalidad aumentó en la medida que la riqueza se fue concentrando a causa de las exclusiones y las desigualdades. Ahora en la región centroamericana, un elevado número de crímenes son cometidos por la gente joven de las zonas urbanas, agrupada en pandillas o maras, algunas muy bien organizadas de acuerdo con patrones externos o de corte militar, con lenguajes, símbolos y otros rasgos culturales propios. Esa es una muestra de la gravedad de las cosas, que se suma a la cada vez mayor concentración de la riqueza –aún en tiempos de crisis- que dificulta cerrarle las compuertas al “crimen organizado”, y agrava la violencia social en tal forma que pareciera que no se puede detener el auge de los grupos que asumen la violencia como su degradante forma de vivir en sociedad.
El clamor social por el mejoramiento de las condiciones de seguridad también tiene su correlato en la política electoral. Se crean falsas expectativas en torno a las leyes duras, el acrecentamiento de las penas y la militarización de las actividades de seguridad pública. En lo social y en lo político se asegura que la represión total es el mejor antídoto contra la criminalidad, de tal forma que la ciudadanía común cree que con elevar las penas y llevar al paredón a los delincuentes todo volverá a la tranquilidad que se proclama en las campañas electorales con ofrecimientos que no tienen más motivaciones ni propósitos que el gran atractivo de sumar votos.
La educación no es panacea
Sin embargo, numerosas experiencias dan cuenta de que el recurso a la violencia en las políticas gubernamentales o en las iniciativas de algunos sectores particulares, no logra contener y menos solucionar ese fenómeno perverso. Desde el IIDH se ha venido insistiendo desde hace casi una década que buena parte de la solución está en el equilibrio que debe existir entre represión y prevención integral y en medidas como el aumento de las capacidades técnicas y materiales de la policía, el respaldo a los sistemas de inteligencia policiales, junto con una evaluación profunda del sistema de administración de justicia. Estas medidas podrían contribuir parcialmente a solucionar el problema en términos de su eficacia para investigar y sancionar los crímenes cometidos. Pero en sociedades profundamente afectadas por la descomunal violencia no erradicará la cultura violenta ni disminuirá la incidencia criminal de manera ostensible.
Ante esta compleja y delicada problemática, cabe preguntarse si la educación en derechos humanos, tanto en su cabal conocimiento y como ejercicio pedagógico en las aulas, es un preventivo eficaz en el mediano plazo o solo es un "paño tibio" que ni siquiera puede contener la violencia escolar. El IIDH apuesta por la educación en derechos humanos como parte de la solución a la violencia social y delictiva que está asolando a nuestras sociedades. Sabemos que no es la panacea, pero es una respuesta que los Estados están obligados a dar para forjar la cultura de paz dentro del aula y para fomentar el respeto mutuo en las relaciones escolares y, en el mediano y largo plazos, en las sociales.
Derechos humanos en la escuela y en la política
Este ideal casi utópico es propio de la obligación de cumplimiento, muy concreta y legal porque diecinueve Estados de la OEA son signatarios y/o partes del Protocolo de San Salvador, cuyo artículo 13.2 determina que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, además de que deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Los Estados parte deben capacitar a los educadores y técnicos de los ministerios para la pedagogía en derechos humanos y fomentar las obligaciones actuales de la democracia dentro de la escuela.
La OEA en San Pedro Sula está en capacidad de proclamar y emprender un programa integral contra la violencia con compromisos alcanzables para reducir ese flagelo perverso y persistente en la región; uno de ellos es el de la educación en derechos humanos. El IIDH hace conciencia sobre la criminalidad insidiosa que afecta los derechos humanos, y a la vez está comprometido –junto a la Corte IDH la CIDH y el Departamento de Educación de la OEA– a hacer del derecho a la educación en derechos humanos un instrumento escolarizado para recuperar los valores de la convivencia humana. Pero la sociedad, en general, debe educar con el ejemplo.
La violencia es una gravísima sumatoria de hechos contundentes que trastocan la integridad y dañan la dignidad de las personas pero también es una arraigada actitud cultural. Los diferentes liderazgos deben asumir un comportamiento impecable y ejemplar en la conducción gubernamental para superar la corrupción y el sectarismo; la intolerancia y la venalidad; las prebendas y las mafias oficializadas. En San Pedro Sula la OEA puede alentar y debe fomentar la seguridad en el aula, y en la esfera política reforzar la transparencia propia de una cultura democrática y de justicia en las Américas.
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